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La reforma psiquiátrica en Brasil
(Universidad ISALUD. Secretaría de Ciencia y Técnica, 2011) Bauza, Gastón; Benmuyal, Leonor; Cavarra, Jimena; Conte, Carlos; Fraschina, Olga; Julián, María Cristina; López, Beatriz; Murdoca, Liliana; Palmieri, Carlos; Reina, María; Rey, Patricio; Wischnevsky, Ruben
Todos los países del mundo enfrentan problemas psicosociales y psiquiátricos cuyo abordaje involucra acciones de diversa índole y su ejecución requiere un fuerte compromiso tanto de los sectores sanitarios y sociales como económicos y políticos. Para aproximarnos a la magnitud del problema basta observar algunos datos sobre la prevalencia y la carga que representan distintos grupos de trastornos mentales. Se estima que en el mundo existen más de 300 millones de personas que padecen trastornos afectivos, 32 millones de personas con retraso mental, más de 40 millones de personas afectadas de esquizofrenia y otras 29 millones padecen distintas formas de demencia. Con respecto al uso de sustancias psicoactivas, se estima por ejemplo que hay más de 400 millones de personas con dependencia del alcohol (OMS, 2001). Cuando se trata de la discapacidad o invalidez que resulta de todas las enfermedades crónicas, los trastornos afectivos, el retardo mental, la epilepsia, la demencia y la esquizofrenia se encuentran entre las 10 primeras causas de discapacidad, es decir la mitad de los grupos diagnósticos (OMS, 2004). El Banco Mundial, en colaboración con la Organización Mundial de la Salud, ha calculado que los trastornos mentales representan una de las mayores causas de años de vida sana perdidos, siendo responsables del 8.1% de esa pérdida. Para valorar esta magnitud podemos compararla, por ejemplo, con los distintos tipos de cáncer, los cuales en su conjunto representan el 5.8% de esta carga de morbilidad (OMS, 2005). A pesar de estos datos, las estadísticas no reflejan aún esa carga producida por los trastornos mentales, porque suelen colocar el acento en la mortalidad y no en la morbilidad y la discapacidad. El compromiso por mejorar la salud aumentando la esperanza de vida debe estar acompañado por una mejora en la calidad de vida de esos años ganados, disminuyendo la morbilidad y la discapacidad. Algunos países han materializado ese compromiso a través de lo que se conoce como “reforma psiquiátrica”, la cual cuestionó el modelo reduccionista con el que se abordaba la problemática de lasalud mental y se propuso reducir la discapacidad y mejorar la calidad de vida de las personas afectadas, a partir de la inserción de los “pacientes” en la vida comunitaria y la recuperación del ejercicio de una ciudadanía que no estaba contemplada desde hacía años. El presente informe da cuenta de la experiencia en terreno realizada durante el Módulo Internacional de la Maestría en Gestión de Servicios de Salud Mental en noviembre de 2007, actividad enmarcada en un programa extracurricular de las carreras de posgrado orientadas a lasalud pública, que la Universidad ISALUD lleva adelante anualmente desde hace ya casi quince años. La información volcada en este informe fue producto de la observación directa y complementada con los datos suministrados por los funcionarios locales. El objetivo en esta oportunidad fue profundizar en la comprensión de la organización y funcionamiento del modelo asistencial de salud mental en Brasil, a partir de la observación in situ del proceso de Reforma Psiquiátrica iniciado en ese país a principios de los ‘90, y que está dirigido fundamentalmente a los grupos marginales y de mayor vulnerabilidad que buena parte de la psiquiatría “de mercado” no ha sabido ni querido comprender. La actividad incluyó la observación de los distintos tipos de establecimientos, servicios y dispositivos sobre los que se sostiene el actual proceso de reforma, la interacción con profesionales asistenciales y gestores tanto de nivel nacional como local. En primer lugar, se describe el proceso de Reforma Psiquiátrica en Brasil, ubicando el marco sanitario general dentro del cual está inserta y se identifican indicadores para evaluar la tendencia y magnitud de los cambios. Se analizan luego, tres jurisdicciones estudiadas, a partir de la información producto de la observación directa, la interacción con profesionales, funcionarios y usuarios del sistema, e información cuantitativa sobre la utilización de los servicios, la cual toma forma de indicadores en algunos casos. Finalmente se señalan las principales características del proceso de reforma según surge de la información relevada, se identifican las principales fortalezas y debilidades del modelo y se formulan algunos interrogantes con miras al futuro, la sustentabilidad y su posibilidad de consolidación.
La investigación farmacoclínica en el contexto del sistema sanitario argentino
(Universidad ISALUD. Secretaría de Ciencia y Técnica, 2011) Basurto, Isabel
El objeto de estudio de esta tesis se centra en poner en discusión los procesos que conforman la investigación farmacoclínica en el país, teniendo en cuenta los diversos factores o aspectos intervinientes: clínico/médicos, filosóficos, éticos, jurídicos, normativos, económicos y políticos- sanitarios. Como basamento normativo se considerará el cuerpo de legislación que tiende a regular la investigación farmacoclínica y los estudios relacionados con los seres humanos. Este enfoque normativo facilitaría disponer de información confiable, promoviendo la protección de la población expuesta, la independencia de criterios para la toma de decisiones político/sanitarias, la reasignación de recursos y la participación federal en los ensayos clínicos, garantizando una regulación integrada y horizontal entre todos los ámbitos que intervienen en estos ensayos farmacoclínicos. Es necesario construir políticas que guarden coherencia con la velocidad con que se mueven la ciencia y la tecnología. Las mismas deben incluir instancias de evaluación con organismos independientes, ya que dicha evaluación resulta un recurso fundamental como sustento de la investigación clínica y de los procesos normativos que intervienen. El presente trabajo, “La Investigación Farmacoclínica en el Contexto del Sistema Sanitario”, tiene como propósito sistematizar las vinculaciones entre la ética, la ciencia y la gestión político-sanitaria que se dan en el marco de la investigación farmacoclínica. Las decisiones que hacen a estos procesos de investigación, por un lado se dan en el marco de la racionalidad tecnocientífica, y por otro se vinculan a procesos pertenecientes al espacio público y con fuerte impacto social, por lo tanto condicionados por las ineludibles relaciones de poder político/económico.
El registro de especialidades medicinales en la República Argentina
(Universidad ISALUD. Secretaría de Ciencia y Técnica, 2011) Boni, Silvia Liliana
Los medicamentos no deberían ser considerados como otros productos de consumo, ya que al tener la capacidad de beneficiar y/o dañar al ser humano, necesitan ser regulados en todas sus fases: producción, elaboración, comercialización y uso. Cualquier política de mejoramiento de la calidad de un sistema de salud, debe incorporar el análisis del uso y disponibilidad de los medicamentos como una de sus prioridades. La evaluación de los problemas de seguridad de los medicamentos y el procedimiento de toma de decisiones son actividades complejas, no sólo por la naturaleza de los datos que normalmente se manejan sino porque están sujetas a una serie de normativas y procedimientos legales. Además se puede verificar una creciente demanda de información por parte de la sociedad respecto de los riesgos de los medicamentos. Esto es sumamente alentador, ya que es a través de la información que se hará posible la co-responsabilidad en el uso racional de los medicamentos. Entre todos: Autoridades Sanitarias, Compañías Farmacéuticas, Profesionales y Usuarios, podrán darse respuestas adecuadas a la problemática del uso de los medicamentos.
La internación de personas mayores en instituciones de larga estadía en el Área Metropolitana de Buenos Aires. ¿Desconociendo derechos o promoviendo autonomía?
(Universidad ISALUD. Secretaría de Ciencia y Técnica, 2010) Redondo, Nélida
La investigación cuyos resultados se presentan en este informe forma parte de un proyecto que se desarrolló, durante los años 2005 y 2006, en los tres países del Cono Sur -Argentina, Chile y Uruguay- con la coordinación general del doctor Pedro Paulo Marín, director del área de Geriatría de la Universidad Católica de Chile. Las sedes académicas fueron, además de la mencionada Universidad Católica de Chile, la Universidad Católica de Uruguay y la Universidad ISALUD de la Argentina. La ejecución del proyecto fue posible merced al apoyo financiero del Banco Interamericano de Desarrollo (BID) y el aporte del área del Adulto Mayor de la Organización Panamericana de la Salud (OPS). La investigación en la Argentina se llevó a cabo bajo la dirección de la investigadora nacional, doctora Nélida Redondo, profesora e investigadora del de la Maestría en Gestión de Servicios de Gerontología de la Univerisdad ISALUD. El estudio se efectuó sobre una muestra aleatoria de establecimientos de larga estadía para personas con discapacidades, que son dependientes de terceros en el desempeño de alguna de las actividades básicas o instrumentales de la vida diaria, del Área Metropolitana de la Ciudad de Buenos Aires (AMBA). El objetivo del estudio fue conocer las motivaciones, las actitudes y los comportamientos de los responsables de los establecimientos y de los residentes, vinculados a la internación en este tipo de instituciones. Más específicamente, se propuso analizar la dinámica interna y la estructura de los establecimientos, así como las percepciones que de ellas tienen los residentes a fin de comprender si se ajustan a los nuevos modelos que garantizan los derechos individuales y la preservación de la integración social o si, en sentido contrario, perduran los modelos tradicionales en los que las reglamentaciones determinantes del funcionamiento interno están más bien dirigidas a controlar y a contener intra institucionalmente las personas que allí residen. Como parte del proyecto se elaboraron tres cuestionarios de encuesta, uno aplicado a los responsables de establecimientos, otro a los residentes y el tercero, a los familiares o cuidadores de residentes con problemas cognitivos. La elaboración de los cuestionarios estuvo a cargo de la doctora Lourdes Tellechea, médica geriatra gerontóloga de la Universidad Católica de Uruguay. Los procedimientos de validación de los cuestionarios y de digitalización de los formularios en la Argentina fueron realizados por la investigadora nacional y el licenciado Alberto Bonis. El licenciado Bonis tuvo a su cargo, además, el trabajo de campo en el AMBA para el relevamiento de la información mediante la aplicación de técnicas de encuesta. La totalidad de las encuestas se tomaron en las sedes de los establecimientos que conformaron la muestra. El operativo se realizó entre los meses de diciembre de 2005 y febrero de 2006. Las entrevistas en profundidad, utilizando las técnicas cualitativas del enfoque de historias de vida, fueron realizadas en el mes de diciembre de 2006 por la licenciada Sabrina Ferrari. La totalidad de las entrevistas en profundidad se realizaron en las instituciones de residencia. El análisis de los datos y la redacción del informe del proyecto en la Argentina estuvieron a cargo, exclusivamente, de la investigadora nacional, Nélida Redondo. Como es de estilo, la investigadora es la única responsable por los errores u omisiones que el informe pudiera contener. La profesora Silvia Gascón, directora de la Maestría en Gestión de Servicios de Gerontología de la Universidad ISALUD, tuvo a su cargo la interrelación entre los organismos nacionales e internacionales participantes del proyecto. La Universidad ISALUD agradece a todos los profesionales que participaron en esta investigación y, de manera especial, a los establecimientos, los residentes y los familiares de los residentes que generosa y desinteresadamente prestaron su colaboración a este proyecto. Asimismo, desea manifestar su reconocimiento a los doctores Tomás Engler y Martha Peláez que, con su invalorable esfuerzo personal y con su experiencia profesional, hicieron posible el éxito de este proyecto.
Propiedad intelectual y medicamentos: el caso de la República Argentina
(Universidad ISALUD. Secretaría de Ciencia y Técnica, 2009) Puente, Catalina de la; Tarragona, Sonia; Musetti, Carola; D´amore, Marcelo; Slucki, Diego; Rosenfeld, Nicolás
Mejorar el acceso a medicamentos esenciales y otros productos básicos vinculados a la salud constituye un objetivo primordial tanto para los países en desarrollo, donde la pobreza emerge como una de las principales causas de enfermedad y muerte, como para los países desarrollados que aún poseen vastos sectores de la población que se enfrentan a situaciones similares. En ese contexto, el sistema de patentes de productos farmacéuticos resulta altamente controvertido, ya que, por un lado constituye un incentivo a la innovación, lo que contribuye al desarrollo de cualquier país, y por otro, otorga legalmente un poder monopólico a los laboratorios, que inevitablemente incide en los precios de los productos patentados e impacta de manera negativa sobre las posibilidades de acceso a los medicamentos, especialmente en aquellos segmentos de población con menores recursos, y con mayor énfasis en lo referido al acceso a nuevos medicamentos. Los cambios en los requisitos establecidos en la legislación local respecto a los derechos de Propiedad Intelectual pueden generar un fuerte impacto en el grado de exclusividad y competencia del sector farmacéutico, en los precios de mercado, en las ventas, en el gasto público y privado en medicamentos, en el consumo, en el acceso, en la producción local y los niveles de ocupación, en las importaciones y exportaciones, en la Investigación & Desarrollo, en los procesos de innovación, en la inversión extranjera, y en los mecanismos de transferencia de tecnología, entre otros. Dado que cada vez con más fuerza, se verifican tendencias globales y presiones hacia una armonización al alza, es decir, una mayor exigencia de los sistemas de propiedad intelectual para acercarlos a los estándares de los países desarrollados1 , la idea del presente trabajo es determinar cuáles podrían llegar a ser las consecuencias de elevar en nuestro país los estándares actuales deprotección, y evaluar si el sistema de patentes vigente contribuye a los objetivos para los cuales fue creado o si por el contrario se ha constituido en un obstáculo para el acceso a los medicamentos y, en consecuencia, para el ejercicio del derecho a la salud2 . En este contexto, se pretende cuantificar el impacto que podría tener el endurecimiento y profundización de los derechos de propiedad intelectual en el área farmacéutica -por encima de los niveles ya existentes- en el acceso de la población a los medicamentos en nuestro país. Para explorar las posiciones en la materia, se realiza una revisión y análisis crítico de la literatura económica más relevante en relación a los derechos de propiedad intelectual en el mercado farmacéutico. En este sentido, la idea es explorar dos debates teóricos muy importantes: Uno de ellos es el vinculado con las patentes como la forma más eficiente (o al menos más difundida) de estimular la innovación a la que se podría denominar: “El debate sobre eficiencia” y es el que se presenta bajo el título “Economía de las patentes”.
Perspectivas de los pacientes sobre las voluntades anticipadas y tratamientos en la etapa terminal
(Universidad ISALUD. Secretaría de Ciencia y Técnica, 2009) Mattiussi, Mercedes; Dawidowski, Adriana; Pollán, Javier; Pezzano, Laura; Restibo, Jimena; Cámera, Luis
Con el avance tecnológico en el terreno de la medicina surgieron conflictos entre lo técnicamente posible y lo éticamente correcto y es frecuente la utilización de recursos y de tratamientos desproporcionados con respecto al beneficio esperado, conocidos como encarnizamiento terapéutico que en algunos casos permiten prolongar la vida del paciente con severo detrimento de su calidad de vida. Como consecuencia de esto, desde mediados del siglo XX, se acrecentó el interés de muchas personas por decidir respecto del cuidado de la salud. Esto se refleja en un cambio en el modelo de relación médico paciente, con un lento viraje de un modelo paternalista, en que el médico toma las decisiones, a otro en el que la autonomía del paciente adquiere mayor peso. De acuerdo con numerosos estudios realizados, muchas personas desean tener control sobre los cuidados médicos que reciben, no sólo cuando se encuentran plenamente capacitados para establecer su consentimiento sino también ante la eventual pérdida o limitación de su capacidad para hacerlo. De acuerdo a diferentes estudios, el brindarles a los pacientes terminales un cuidado acorde a sus deseos es fundamental para proveerles una atención médica de calidad. En estas circunstancias son los allegados, en la mayoría de los casos familiares, quienes deben tomar parte en la toma de decisiones, y en general desconocen cuáles serían las preferencias del enfermo. Existen trabajos que demuestran que las decisiones tomadas por los familiares no suelen coincidir con los deseos manifestados por el paciente. Las Directivas Anticipadas (DA) son la manifestación escrita hecha por una persona capaz quien, consciente y libremente, expresa las opciones, preferencias o deseos que deben respetarse en la asistencia sanitaria a recibir en el caso de padecer una enfermedad terminal y encontrarse incapacitado para tomar decisiones.
Clasificaciones Diagnósticas en Psiquiatría: Aspectos clave para su uso en Salud Pública
(Universidad ISALUD. Secretaría de Ciencia y Técnica, 2008) Barrionuevo, Hugo; Graña, Dante
El reporte de Salud en el Mundo de 2001 hace un fuerte llamado a la integración del enfoque de Salud Pública para reducir el peso en el mundo de lo que se estima son 450 millones de personas con problemas de salud mental. Este reporte señala que “dada la magnitud del problema, la multifacético etiología, el persistente y serio estigma y discriminación y la brecha significativa entre necesidad y tratamientos a lo largo del mundo, un enfoque de Salud Pública es el método más apropiado para responder a tal necesidad”. La OMS define como objetivos de la Salud Pública en este campo: Formular políticas y planes nacionales y legislar, para mejorar la salud mental de las poblaciones; Asegurar el acceso universal a servicios apropiados y costoefectivos, incluyendo promoción, prevención y servicios de atención primaria; Asegurar un cuidado adecuado y la protección de los derechos humanos para los pacientes con los desórdenes más severos y los institucionalizados, así como procurar el cuidado comunitario de los mismos; Evaluar y monitorear la salud mental de las comunidades, incluyendo especialmente a las poblaciones vulnerables como niños, mujeres y ancianos; Promover estilos de vida saludables y reducir los factores de riesgo específicos para trastornos de salud mental; Estimular la vida familiar estable, la cohesión social y el desarrollo humano, incluyendo estímulos para las organizaciones sociales y familiares; Estimular la investigación sobre las causas de la enfermedad mental, el desarrollo de tratamientos efectivos y la evaluación de los sistemas asistenciales; Desarrollar recursos humanos para los servicios de salud mental La Salud Pública, como generalidad, refiere a todas las medidas, tanto públicas como privadas para promover la salud, prevenir la enfermedad, prolongar la vida y mejorar la riqueza y la calidad de la vida de la población en su conjunto. No obstante algún grado de control se ha logrado sobre enfermedades transmisibles, mucho queda por hacer en cuanto a la Salud Mental desde la perspectiva de Salud Pública; la cual aplica un enfoque multidisciplinario que comparte la responsabilidad con la población destinataria, con acciones intersectoriales y utilizando intervenciones técnicas de corrección de enfermedad, como así también legislativas, administrativas y de otros órdenes, como por ejemplo las educativas.
Vigilancia epidemiológica en salud mental: pautas para su implementación en la Argentina
(Universidad ISALUD. Secretaría de Ciencia y Técnica, 2008) Barrionuevo, Hugo; Graña, Dante; Silva, Carlos David
Los trastornos mentales constituyen una porción importante de la carga de enfermedad de las sociedades modernas. Para el 2000 fue estimada en el 12,3% del total de AVAD perdidos y se estima que en el 2020 esta proporción llegará al 15% del total de la carga, con un incremento de la porción correspondiente a demencias y depresiones. Los suicidios juveniles muestran una tendencia al crecimiento y han aparecido además los problemas vinculados con las adicciones y la violencia en sus distintas formas. Estas últimas se han constituido como entidades fronterizas que cabalgan sobre las categorías de salud mental y el campo de lo social. De esta manera se hace evidente la necesidad de constituir sistemas de información que provean de insumos a los tomadores de decisiones respecto de la incidencia y prevalencia de patologías y/o eventos relevantes y que adviertan sobre la aparición de cambios significativos en la magnitud o las características de los mismos. Los sistemas de vigilancia epidemiológica son los que en la actualidad están metodológicamente más desarrollados y con aptitud de proveer información pertinente, relevante y oportuna a los tomadores de decisiones. No existe en la Argentina ningún sistema de estas características en el campo de la salud mental. Sí hay bloques de información dispersa y carente de homogeneidad. Sin embargo ya desde el año ‘98 el Plan Nacional de Salud Mental incluye entre sus objetivos: “Constituir, mantener y optimizar permanentemente un Sistema de Vigilancia Epidemiológica en Salud mental -integrado al SINAVE-, que permita un adecuado y permanente diagnóstico situacional, modelos y niveles de daño y perfil de los recursos existentes, con la consiguiente optimización de la formulación de prioridades y la mayor certeza en la toma de decisiones”. La presente investigación se propuso evaluar la factibilidad y la conveniencia de implementar un sistema de información que permita cumplir con los objetivos de proveer datos sobre el estado del problema y sus cambios. Para ello fueron evaluados la disponibilidad de información, su calidad, y los mecanismos necesarios para convertirla en útil a los efectos antedichos. Además se definió para qué tipo/s de evento/s sería conveniente la instalación del sistema.
Ciudades amigables con la edad: Aplicación del Protocolo de Vancouver (OMS) a la ciudad de La Plata
(Universidad ISALUD. Secretaría de Ciencia y Técnica, 2008) Gascón,Silvia; Redondo, Nélida; Aguilar, Mercedes; Tordó, María Nair; Elicalde, Inés
La ciudad de La Plata es la capital de la provincia de Buenos Aires, el estado más importante de la República Argentina en extensión, cantidad de habitantes y producción económica. La ciudad posee prestigiosas universidades, centros de investigación científica, museos, bibliotecas, centros culturales y teatros. La Plata tiene algo más de 500.000 habitantes, se trata por tanto de un aglomerado urbano de tamaño intermedio. El 11,8% del total de la población de la ciudad es mayor de 65 años, es decir, su población está envejecida. En el mes de septiembre del año 2006 se inició una investigación empírica en el marco del convenio firmado por Instituto Universitario ISALUD, que permitió incorporar la ciudad de La Plata al proyecto “Ciudades amigables con la edad” promovido y coordinado por la Organización Mundial de la Salud (OMS). El objetivo general de la investigación fue conocer la opinión de los actores clave acerca de las ventajas y desventajas que la ciudad ofrece para el bienestar cotidiano de las personas mayores. Durante los meses de octubre y diciembre del año 2006 se realizaron doce reuniones de grupos focales, aplicando la metodología desarrollada en el Protocolo de Vancouver: a) ocho grupos de personas mayores de 60 a 74 años y de 75 años y más, de nivel socioeconómico alto y bajo, b) un grupo de cuidadores informales de personas mayores dependientes, y c) tres grupos de proveedores de servicios para personas mayores de los sectores estatal, no gubernamental y privado. Los resultados de la investigación muestran que existe consenso en todos los actores clave entrevistados acerca de las ventajas que la ciudad ofrece por la belleza del entorno urbano, por sus espacios verdes y por la destacada oferta de actividades culturales, educativas y sociales, muchas de ellas específicamente dirigidas a la población de edad mayor. También se subraya que estas dimensiones de la dinámica ciudadana facilitan las relaciones sociales y la integración de las personas mayores con su comunidad. En sentido contrario, es unánime la percepción de las desventajas que en la actualidad dificultan severamente la vida cotidiana de las personas mayores: a) la inseguridad derivada de la elevada criminalidad y delincuencia, b) las veredas rotas y la falta de mantenimiento de los espacios verdes, c) la inadecuación del transporte público, tanto por el recorrido como por las características de las unidades, d) la falta de cumplimiento de las normas básicas de tránsito, y e) la inaccesibilidad de los edificios. Otras dimensiones indagadas muestran interesantes diferencias en los patrones de percepción entre los distintos grupos. El análisis del conjunto de la información relevada y analizada evidencia que predomina la evaluación negativa acerca de la “amigabilidad” de la ciudad para las personas mayores. Las sugerencias formuladas por los distintos actores permiten orientar las acciones para encarar la transformación positiva de la situación actual.
Políticas y estrategias de adquisición de medicamentos esenciales: un análisis sistematizado de modelos y experiencias clave en América Latina
(Universidad ISALUD. Secretaría de Ciencia y Técnica, 2007) Puente, Catalina de la; Tobar, Federico; Stamponi Railis, Ana Sofía
Durante la década de los 90, y precisamente a causa de las políticas neoliberales implementadas en ella, surge con mayor frecuencia y vehemencia la discusión sobre equidad, o más bien sobre inequidad (consecuencia del sistema de mercado, que no resuelve el problema de todos aquellos bienes que presentan fallas), que fue el problema que se presentaba entonces y cuyas consecuencias persisten aún en nuestros días. Estas discusiones sobre la definición de equidad se han enriquecido notablemente en los últimos tiempos, y existe un consenso paulatino respecto de lo que se entiende como equidad en salud y equidad social. Sin embargo, y con independencia de la definición de equidad adoptada hay un hecho claro, el concepto de equidad se vincula al concepto de justicia social. Entonces, desde una visión simple, todo se reduce a la pregunta: ¿Es justo? Por diferentes que sean los pensamientos o comportamientos de las personas que comparten una misma cultura, existe acuerdo en la visión de una situación dada: nadie podría afirmar que es justo que un niño muera de una enfermedad de causas prevenibles, y todos estarían de acuerdo en que el Estado financie la intervención en ese tipo de enfermedades. Sin embargo, si nos preguntamos si es justo que el Estado financie una intervención quirúrgica costosa con un 5% de probabilidad de sobrevida, ya no todas las personas estarían de acuerdo. El principal desacuerdo en este último caso se genera en la asignación derecursos escasos, ya que entre los que están en desacuerdo se analiza lacantidad de otro tipo de intervenciones que el Estado podría aplicar para salvar más vidas o mejorar la calidad de vida de muchas personas en detrimento de una, se analiza el costo de oportunidad de esa intervención y muchos ya no estarían de acuerdo en que sea justo, en que sea equitativo comparado con el beneficio potencial de ser asignado a otro tipo de atención de la salud. Sin embargo, y a pesar de estas diferencias intrínsecas al campo de la salud, existe cada vez mayor aceptación en que la salud es el elemento más importante en la vida de una persona, sin ella es prácticamente inadmisible desarrollar en forma completa cualquier otro tipo de actividad. Por esta razón, asegurar la equidad en salud es la puerta que permite que equidades en otros campos sean posibles. En palabras de Sen “la salud es una de las condiciones más importantes de la vida humana y un componente fundamental de las posibilidades humanas que tenemos motivos para valorar. Ninguna concepción de la justicia social que acepte la necesidad de una distribución equitativa y de una formación eficiente de las posibilidades humanas puede ignorar el papel de la salud en la vida humana y en las oportunidades de las personas para alcanzar una vida sana, sin enfermedades y sufrimientos evitables ni mortalidad prematura. La equidad Políticas y estrategias de adquisición de medicamentos esenciales: Un análisis sistematizado de modelos y experiencias clave en América Latina. en la realización y distribución de la salud queda así incorporada y formando parte integral de un concepto más amplio de la justicia.
El peso de la obesidad: Una revisión sobre el impacto socioeconómico y algunas aplicaciones para Argentina
(Universidad ISALUD. Secretaría de Ciencia y Técnica, 2007) Tarragona, Sonia; Caporale, Joaquín E.; Pippo Briant, Tomás
La identificación y el diagnóstico de la obesidad se pueden realizar de diversas maneras, pero la más utilizada en la práctica clínica es mediante la clasificación provista por la OMS, construida a partir del Índice de Masa Corporal (IMC). Sin embargo, dicha clasificación no está exenta de críticas pues se le advierte la no inclusión de algunas dimensiones relevantes tales como la edad, el género y las diferencias étnicas y epidemiológicas entre países, además de no contemplar la distribución de la grasa corporal.De acuerdo a esta clasificación y utilizando la base de datos de la Encuesta Nacional de Factores de Riesgo (ENFR) realizada por el Ministerio de Salud de la Nación en el año 2005, se verifica que el 16% de la población adulta argentina es obesa y el 34% presenta sobrepeso. Asimismo, el 5% de la población adulta de nuestro país presenta obesidad clase 2 y 3 (severa a muy severa), siendo las mujeres las más afectadas en ambos grupos. Luego, poco más del 11% detenta obesidad clase 1 teniendo esta vez los hombres mayor participación que las mujeres. Estas figuras se replican entre la población adulta con sobrepeso. En relación a la distribución etárea, el 54% y el 62% de la población adulta con sobrepeso y obesidad, respectivamente tiene entre 35 y 64 años de edad. Esta condición es considerada como un factor de riesgo en el desarrollo de muchas enfermedades; entre ellas la enfermedad cardiovascular, diversos tipos de cáncer, problemas respiratorios, diabetes tipo 2 y artritis. En función de los distintos grados de asociación con estas y otras condiciones, la concepción actual de la obesidad ha ido virando hacia la heterogeneidad. Es decir, puede interpretarse como un factor de riesgo y también como una enfermedad severa en el caso de su clasificación mórbida y en algunos casos especiales de asociación con otras enfermedades. En el afán de encontrar los determinantes de la obesidad, numerosos autores coinciden que este estado particular de salud es el resultado de un gran número de factores; entre ellos biológicos, de comportamiento, culturales, sociales, de medio ambiente, económicos y de complejas relaciones entre los mismos. Sin embargo, este consenso no resulta tan evidente en la determinación del sentido y la magnitud en que participan cada uno de éstos.
Desarrollo de una nueva metodología para la medición y valoración de prestaciones sanitarias: las Unidades de Esfuerzo Relativo (UER). Antecedentes teóricos y su factibilidad de aplicación empírico–práctica, en el contexto de ponderación cuali-cuantitativa de valoración de bienes y servicios sanitarios en Argentina
(Universidad ISALUD. Secretaría de Ciencia y Técnica, 2007) Pereiro, Ana; Insúa, Mónica; Breibart, Gustavo; Altuna, Juan I.
El contexto internacional, signado por diferentes tipologías de Sistemas de Salud, y una consecuente estructuración de formas organizacionales diversas para la producción y entrega de servicios, ha requerido, especialmente en los Sistemas Sanitarios Mixtos o Fragmentarios, de determinados mecanismos de aplicación práctica para la ponderación y valoración económica de las distintas prestaciones brindadas. Dependiendo de estas diferentes formas organizacionales y sus estructuras emergentes, en las cuales existen efectores, más o menos independientes, ha sido menester la construcción de nomencladores de prácticas, valorizados para los diferentes aseguradores/financiadores o terceros pagadores, y generalmente en una menor escala, para las prácticas brindadas a pacientes en forma privada. Esto ha sido válido tanto para prácticas médicas clínicas, quirúrgicas y especializadas (oncológicas, de diagnóstico, obstétricas, etc.), como así también para otras prestaciones como las odontológicas, las bioquímicas, las de kinesiología o de enfermería. De algún modo emparentados entre todos ellos, los mecanismos e instrumentos actuales, difundidos internacionalmente, poseen ciertas raíces comunes en los Modelos de Resource Based Relative Value Scale ( RBRV’s) o Relative Value Units (RVUs) desarrollados durante los años ‘80 en un esfuerzo inicial conjunto de la Universidad de Harvard y la Asociación Médica de los Estados Unidos (AMA). Estos esfuerzos iniciales han ido adaptándose en diferentes países, adquiriendo nuevas formas, estructuras y nombres, con el objeto de resolver cuestiones esenciales vinculadas a la valoración más acertada y efectiva para cada práctica prestacional.
Análisis de los principios de la estrategia de Municipios Saludables y su relación con las prácticas que se implementan en los municipios de la Red en relación al ambiente
(Universidad ISALUD. Secretaría de Ciencia y Técnica, 2007) Vitale, Marcela; Aides, Sabrina; Stamponi Rallis, Ana Sofía; Álvarez, Daniela
El concepto de Municipios Saludables surge en los años ‘70 en Canadá, bajo el nombre de Ciudades Saludables, a partir de que diversos estudios mostraron la estrecha relación existente entre las formas de vida, los ambientes urbanos y los problemas de salud de la población. También en esa misma época se presenta el ya muy reconocido Informe Lalonde “Nueva Perspectivas de salud de los Canadienses”, donde se establece cuáles son los determinantes de la salud, agrupándolos en cuatro campos: estilo de vida, medio ambiente y entorno, biología humana, y la atención médica, junto a los servicios asistenciales. La estrategia de Municipios y Comunidades Saludables (MyCS) toma como base y se nutre del Informe Lalonde, como así también del las declaraciones y documentos generados a partir de “Salud para todos en el año 2000” - 19774, Alma-Ata-1978, el “Plan de Acción”-1981 y la “Carta de Ottawa para la promoción de la salud”7 (1986), entre otros. Hacia el año 1987 se crea en Europa el proyecto de Ciudades Saludables, tomando como marco la doctrina de promoción de la salud de la Carta de Ottawa. Cuatro años después, la Organización Panamericana de la Salud (OPS) lidera e impulsa la estrategia de ciudades saludables en América Latina, denominándola Municipios Saludables como terminología general ya que luego cada país denominó a dicha estrategia de acuerdo a definiciones propias de los Ministerios y/o Secretarías de salud, o por iniciativa de los alcaldes. A modo de ejemplo, recordemos que en nuestro país, se los llamó Municipios Saludables, en Venezuela, Ciudades hacia la Salud, en México, Municipios por la Salud, en Brasil, Municipios Saludables, y en Chile, Comunas Saludables. Generalmente, en las políticas y en la gestión de proyectos y programas de salud, se consideraban para el diagnóstico y evaluación sólo aspectos y variables relacionados a indicadores epidemiológicos sanitarios o de infraestructura sanitaria. Sin embargo, se tornó necesario incorporar otros factores que hacen a la buena calidad de vida y salud de la población. En este sentido, un ambiente saludable debe ser considerado también como factor determinante para mejorar la calidad de vida de la población. Por otro lado, vemos que la reciente estrategia de MyCS pretende incorporar a las variables tradicionales otras fundamentales que apuntan a la creación de un entorno saludable, ya que queda establecido que así se previene la generación de una diversidad de problemas que atentan contra la salud. Actuar globalmente implica tener estrategias de trabajo para la gestión de las diversas áreas temáticas que hacen a una buena calidad de vida. En lo que se refiere a la estrategia de MyCS, esto último se logra tomando en cuenta el compromiso con ciertos principios fundamentales: políticas públicas saludables, participación comunitaria, acción intersectorial, sustentabilidad en el tiempo, movilización y gestión de recursos, y fortalecimiento de equipos técnicos. Dicha estrategia toma como punto de partida la promoción de la salud, esperando lograr su mejora. Se destaca en este punto que el término salud, según la “Carta de Ottawa”, no concierne exclusivamente al sector sanitario, sino que engloba mucho más. En la actualidad, el concepto transciende a los estilos de vida saludables, como así también el concepto de ambiente trasciende a la salud ambiental. El objetivo de MyCS es mejorar las condiciones de vida de la población actuando sobre los riesgos de la salud, más que abordar las consecuencias de la enfermedad. Se promueve un enfoque hacia los factores determinantes de la salud, facilitando aquellos procesos que permiten a los miembros de la comunidad ejercer un control activo sobre su salud y su calidad de vida. Este marco plantea que la salud y el ambiente son binomios interdependientes e interrelacionados, y que el estado de salud de las personas es una consecuencia rápidamente perceptible del deterioro del ambiente, ya que las primeras manifestaciones de los problemas ambientales se ven reflejadas en la salud de la población. Para su desarrollo, la estrategia de MyCS define seis principios, consensuados internacionalmente, que sustentan las líneas de acción a implementar: acción intersectorial, participación ciudadana, políticas públicas saludables, formación y establecimiento de equipos técnicos, gestión y movilización de recursos y sustentabilidad.Con el objetivo de analizar la gestión ambiental local en los municipios de la República Argentina, se consideró a estos seis principios como dimensiones fundamentales para definir la estrategia de la investigación planteada. Desde esta perspectiva, se consideró posible, a modo exploratorio, abordar al objeto de estudio en su complejidad y multidimensionalidad. Participaron de la investigación 90 municipios de la Red, incorporados a ella entre los años 2001 y 2005. La información aportada por ellos constituyó la base empírica del trabajo, y a la vez favoreció la formulación de nuevos interrogantes derivados del intercambio y de la construcción colectiva de este proceso de investigación. En el Anexo de este trabajo se presentan las matrices de análisis que constituyen parte tanto del proceso como del producto de esta investigación. Estas matrices se fueron construyendo a partir de la información que fueron aportando los municipios que intervinieron en la muestra, y a partir de identificar las dimensiones y variables relevantes que constituyen al desarrollo de la gestión ambiental local.

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